Demanda laboral Don Juan
Controversia Laboral en Don Juan: Detalles de la Demanda de Andrileidy Perdomo contra JYD Internet y su Impacto en Comerciantes Locales
17 de Junio 2025.-
Don Juan, Monte Plata, RD 🇩🇴 – Una controversia judicial que se arrastra desde el año 2017 mantiene en incertidumbre a la comunidad de Don Juan, tras la reactivación de una demanda laboral interpuesta por la señora Andrileidy Perdomo, exempleada de la desaparecida empresa De Braulio Comunicación, propiedad del fallecido Teodoro Benítez, conocido como “Braulio”.
Según el expediente, Perdomo alega que los empresarios Juan Alfredo Eusebio Orbe y Dilenni García, actuales propietarios de JYD Internet, Papelería y Heladería SRL, también formaban parte de la antigua empresa donde laboraba. No obstante, en 2023, el Tribunal Laboral correspondiente dictó sentencia excluyendo a ambos comerciantes del proceso, tras considerar que no existían vínculos laborales, societarios ni comerciales entre la antigua De Braulio Comunicación y la actual JYD Internet.
Los denunciantes aseguran que la sentencia estableció de forma clara que se trata de negocios independientes, tanto en su estructura legal como en sus operaciones.
Segun estos, a pesar del fallo de primera instancia, la señora Perdomo presentó un recurso de apelación ante la Corte de Trabajo de Santo Domingo a finales de 2024, el cual aún se encuentra en proceso de conocimiento.
Preocupación en la comunidad por impacto a comerciantes locales
Tanto residentes como líderes comunitarios han expresado su preocupación por la prolongación del caso, que —según señalan— representa una amenaza para la estabilidad y reputación de empresarios locales que ya fueron desligados judicialmente de la demanda.
Los representantes de JYD Internet, Papelería y Heladería SRL afirman que la situación ha provocado un constante acoso legal, además de significar una fuerte carga económica en representación judicial y afectar el desenvolvimiento de sus actividades comerciales.
“La comunidad espera que la justicia prevalezca, y que los empresarios puedan continuar sus actividades sin ser afectados por litigios improcedentes que, como estableció el tribunal en primera instancia, no tienen fundamento legal”, expresaron dirigentes locales en un comunicado.
